Tras los atentados del 9/11 en Nueva York, fue promulgada la llamada “Ley Patriota” para dotar a las agencias de seguridad de Estados Unidos de mayores poderes de vigilancia en aras de combatir el terrorismo. Esta ley incluía espionaje, rastreo y bloqueo de cuentas bancarias, intervención policíaca y militar en propiedad privada, prisión, “interrogatorios” y hasta ataques directos sin el obstáculo o la burocracia de tener que informar a un Juez para autorizar dichas acciones.
Nuestro vecino del norte tiene una larga historia de intervenciones militares y muchos enemigos por todo el mundo, lo que hace que, esa ley sea “congruente” con la necesidad de mantener su estilo de vida y enfrentar a “potenciales enemigos” de esa “libertad” que ellos dicen defender. Además, es una Potencia que cuenta con instituciones sólidas que permiten pensar en un contrapeso que impida el abuso de esas “facultades ampliadas” y que se fortalece gracias a una libertad de expresión garantizada para los medios de comunicación que están todo el tiempo mirando con lupa todo lo que pasa en su territorio.
En cambio, aquí, el día 18 de noviembre del 2020, el Senado de la República mexicana, aprobó (y festejó) por mayoría de legisladores del partido morena y sus aliados, la llamada “Ley Nieto”, (por su impulsor Salvador Nieto), la cual permite a la Secretaría de Hacienda, a través de la famosa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bloquear y congelar cuentas de personas sospechosas de “terrorismo” o lavado de dinero, sin que se requiera la orden de un juez.
Tanto poder en manos de unos pocos hombres con ambición desmedida suele ser peligroso. Si ya son innecesarios los jueces, los abogados o amparos, ¿quién vigilará que no se violen las libertades y derechos consagrados por la constitución?
Esta Ley se une a la autorizada en marzo del 2018, por la SCJN, que abaló las inspecciones policiacas de personas y vehículos sin mediar orden judicial de acuerdo al nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto como parte de los sesgos del nuevo Sistema Penal Acusatorio que son materia de un artículo completamente diferente, pero que se supone se crearon para facilitar la detención de los individuos en “flagrancia” o cuando exista la sospecha o el señalamiento de que cometió un delito.
Lo que ahora preocupa (y mucho), es que estas legislaciones se suman a la militarización disfrazada de policía a través de la Guardia Nacional (GN), y que en conjunto fueron creadas supuestamente para defender a la población de los malos: narcotraficantes, secuestradores, asesinos y la delincuencia organizada, que ciertamente han mermado al país por décadas. Sin embargo, son usadas de manera discrecional por el nuevo gobierno, quien se ha otorgado a manos llenas capacidades y herramientas judiciales y policiacas para imponer su ley como no se veía desde la época de Díaz Ordaz y Echeverría. Tanto poder en manos de unos pocos hombres con ambición desmedida suele ser peligroso. Si ya son innecesarios los jueces, los abogados o amparos, ¿quién vigilará que no se violen las libertades y derechos consagrados por la constitución? Esperamos no comenzar a ver detenciones de periodistas, empresarios, adversarios políticos, manifestantes y gente de a pie que simplemente puede ver perdido su patrimonio, su prestigio y hasta su libertad por el simple señalamiento o sospecha de que hace algo ilícito, sin que exista una investigación previa o acusación formal con suficientes pruebas de por medio que justifiquen las razones de su persecución.
La presunción de inocencia está muriendo junto con la confianza en el Gobierno, pero sus seguidores demandan más tiempo y un voto de confianza “ciega” para demostrar que son diferentes a los viles sin escrúpulos que antes nos gobernaban. Se ve difícil, pues habría que rectificar casi todo en estos dos años para logarlo. Y justamente será el tiempo el que dará o no la razón a los que sospechan que detrás de todas estas nuevas leyes y cambios está la mano de un hombre que busca silenciar la crítica y suprimir las voluntades de quien considere adversarios, con el propósito de consolidar un proyecto de nación que cada vez luce más autoritario. El tiempo será también el que coloque en su justo lugar en la historia a todas las personas que han promovido y aprobado este tipo de leyes o que han ejercido presión y amenazas contra la población civil enarbolando la bandera de un cambio que solo se nota en el deterioro institucional, el desastre económico, la corrupción sin medida y un incremento acelerado de la criminalidad y la violencia en el país.
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El texto anterior, lo escribí a finales de 2020, y es evidente que el tiempo nos ha dado la razón a quienes temíamos que la UIF y otros aparatos de seguridad del Gobierno serían usados de manera facciosa para perseguir opositores y críticos. Hoy periodistas, empresarios y políticos están siendo investigados por cometer el imperdonable crimen de expresarse y no doblarse a la voluntad de un tirano.
La regresión democrática se consumó con el fraude electoral del pasado 2 de junio. Impusieron a una candidata subordinada a la autoridad a AMLO, se hicieron con la mayoría del congreso, y ya amenazan con destruir la SCJN y el INE. Hoy, podemos ya afirmar que, en México, las libertades se están acotando y continuaremos hundiéndonos en una época oscura de autoritarismo y violaciones flagrantes a la constitución y los derechos humanos.
Y mientras todo esto ocurre, la sociedad civil calla sumisamente y algunos hasta piden un voto de confianza con la esperanza de que esta nueva realidad no les afecte a ellos individualmente.
23 de junio de 2024 | Por O. Castro para Acción Civil Mexicana