La militarización no es la solución.
Realmente no se sabe si fue Albert Einstein quien mencionara aquella famosa frase: “locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes”, pero sin duda obedece a toda lógica, y es que hoy en día parece que las ideas se han agotado y no se logra pensar fuera de la caja. Eso nos sucede a muchos y muy frecuentemente, pero se torna grave cuanto lo hacen quienes tienen en sus manos el diseño, implementación, revisión y adecuación de las tareas que impactan a millones en nuestro país, es decir los gobiernos que deben garantizar el elemental derecho de la ciudadanía a la seguridad de su patrimonio, su integridad, su libertad y hasta de su vida.
Durante este sexenio, una de las tareas fallidas ha sido el de reducir la inseguridad en el país, pues las cifras de violencia son cada vez más preocupantes pese a las lecturas a modo que se hacen desde Palacio Nacional (con cifras parciales o tomando periodos que no son relevantes para la comparación). En la realidad, el mismo gobierno ofrece números que muestran una disonancia entre el discurso y los datos duros. En los primeros 44 meses del año se han reportado 7,355,450 delitos, un 20% más que los reportados en esos mismos 44 meses del sexenio de Peña Nieto, con cifras en verdad alarmantes en delitos como extorsión, violación, abuso sexual, violencia familiar, violencia de género, corrupción de menores, trata de personas, narcomenudeo y delitos cometidos por servidores públicos entre otros que, al ser minimizadas en el discurso, indignan y mucho.
Mención aparte merece la cifra sobre el delito que más preocupa y que más sirve como el mayor semáforo sobre la violencia en el país: los homicidios dolosos. Este dato que fue expuesto al ojo público desde el sexenio de Felipe Calderón por su cuestionable estrategia de sacar al ejército a las calles para realizar tareas de seguridad pública, también se utilizó negativamente como estandarte de campaña para distintos candidatos, pero sobre todo para el que actualmente ocupa la presidencia del país. Y es que López Obrador no se cansó de hablar del tema, de remarcar el fracaso y crear frases que hoy se le estrellan en la cara. Hoy son ya más de 133 mil homicidios dolosos en el sexenio, lo que da cuenta de 97 homicidios cometidos en promedio al día en el país.
La gran mayoría pensaría que las acciones del ahora mandatario deberían obedecer a un análisis empírico de la realidad a fin de obtener un diagnóstico de la situación de la inseguridad en México. Sin embargo, en los últimos días hemos sido testigos de la militarización del país, y no sólo en labores de seguridad pública, sino en muchas otras como el desarrollo de infraestructura, por ejemplo, lo cual no puede dejar de preocupar a la ciudadanía.
Los análisis realizados por expertos en la materia desmienten muchas de las ideas y mitos que se han sembrado a lo largo del tiempo; el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó en 2020 un artículo en que detalla la evolución de la militarización en el país (Origen de la militarización de la seguridad pública en México: análisis histórico de la Acción de Inconstitucionalidad 1/96). En él se describe que anteriormente las funciones eran mantener la integridad del territorio, salvaguardar los recursos naturales, proteger y vigilar las instalaciones estratégicas, combatir el tráfico ilegal de armas, asistir a la población en desastres, pero sorprende que no fue con Felipe Calderón con quien se comenzó a usar al ejército con un rol más activo en las tareas de seguridad pública ante la creciente escalada del crimen organizado en el territorio nacional, esta militarización comenzó en realidad desde el gobierno de Ernesto Zedillo con acontecimientos de diciembre de 1994 en Chiapas. Sin embargo, esta intervención era posible siempre a solicitud expresa de las autoridades civiles y siempre subordinadas a estas, ese fue el sentido en que se resolvió la Acción de Inconstitucionalidad que reclamaba el que los militares sólo se atuvieran a las labores estrictamente establecidas para ellos en la Constitución.
Hoy, el país ha retrocedido a partir de un decreto presidencial para subordinar a la Guardia Nacional a la SEDENA, lo cual vulnera el marco legal y da al ejército atribuciones muy riesgosas, que adelantan no sólo que no disminuyan los delitos, sino que se vulnerarán aún más los derechos humanos de la población. Y es paradójico que el presidente que criticaba la militarización, “cambió de opinión”, y no sólo convalidó la estrategia de apoyo en labores de seguridad pública con el Ejército y la Marina, sino que fue más allá y les aumentó el poder y atribuciones, es decir, hace lo mismo que hicieron sus antecesores (y peor) esperando obtener resultados diferentes; una locura.
Justamente en este año en que se ha impulsado llevar a la constitución el aval para que las fuerzas armadas sean las responsables de la Seguridad Pública, la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) publicó una “Guía práctica para elaborar estrategias de alto impacto contra la Delincuencia Organizada”, que da claridad al complejo problema del crimen organizado y sugiere acciones para:
Parece ser que no sólo le falta la creatividad y capacidad para analizar, diagnosticar y encarar el problema, parece que la ceguera se ha apropiado de él y no han querido voltear a ver a los expertos que han trabajado en analizar profundamente el fenómeno de la inseguridad, el crimen y el narcotráfico.
- Prevenir el arraigo de la delincuencia organizada
- Proteger a las víctimas
- Perseguir el modelo de negocio del crimen organizado y
- Promover la colaboración a todos niveles (local, nacional, internacional, gubernamental, no gubernamental y privado)
Debería ser obligado voltear a verlo, porque al leerlo, quizá entonces se den cuenta que la seguridad pública con un enfoque reactivo no es la solución, que se requiere muchísimo más que sacar al ejército de los cuarteles y darle garrotazos al avispero, quizá entonces se dediquen a trabajar en prevención del delito, inteligencia policial, capacitación de las policías, filtros de confianza, colaboración entre entidades y muy importante: entender que el crimen organizado, el narcotráfico y todas sus ramificaciones en áreas de operación son, antes que nada, un negocio multimillonario y de impacto internacional, que necesita más de la inteligencia financiera para entender y bloquear su operación y fuentes de financiamiento, que una estrategia de presencia militar en las calles, que ya se ha probado que no ha dado resultados. Ya los números lo demuestran.
13 de septiembre de 2022 | Por Eduardo Rivera para Acción Civil Mexicana
Con información de:
www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005?idiom=es
www.informeseguridad.cns.gob.mx
www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp
versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Index
www.sitios.scjn.gob.mx/cec/blog-cec/origen-de-la-militarizacion-de-la-seguridad-publica-en-mexico-analisis-historico-de-la
sherloc.unodc.org/cld/uploads/pdf/Strategies/Strategy_Toolkit_SP.pdf